El crédito que Carlos Joaquín ha solicitado por 820 millones no se inscribirá como deuda, según los parámetros de la Ley de Disciplina Financiera
¿Porqué los diputados de la 4T no deben aprobar la deuda de Carlos Joaquín? Una sola frase, inobjetable, quizá sería suficiente para explicar el porqué del título de esta columna. La frase es: “El próximo gobernador o gobernadora, que seguramente será de MORENA, deberá para 300 millones de pesos de intereses por obras que Carlos Joaquín quiere realizar en un año electoral”. Ese sólo análisis debería ser suficiente para que ningún diputado de la 4T ni siquiera analice aprobar el crédito de 820 millones de pesos que el gobernador ha solicitado al Congreso.
Se podrá objetar que esa visión es meramente política y electoral. Puede ser. Pero también lo es el pedido del gobernador. En los hechos, Carlos Joaquín propone, simplemente, destinar recursos futuros del estado a mejorar su presente político.
Pero la 4T en Quintana Roo es, por decirlo suavemente, muy especial, y es capaz de aprobar eso y más. Ese colectivo inmanejable es la mayor esperanza del gobernador para que le aprueben su nuevo endeudamiento.
Del lado del gobernador dicen que el tecnicismo que se utiliza para tomar más deuda (que se explicará en esta misma columna) fue una sugerencia de la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público Federal (SHCP) a los estados para enfrentar la crisis.
Es cierto. Pero la dependencia federal sólo mostró ese camino. La decisión, y el enorme costo político y económico que eso trae apareado, lo deben asumir los estados. Y Quintana Roo, uno de los estados más endeudados del país, quizá no está preparado para eso.
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.DEUDA, ESA MALA PALABRA
¿Porqué los diputados de la 4T no deben aprobar la deuda de Carlos Joaquín? Primero va la explicación técnica. El crédito que Carlos Joaquín ha solicitado por 820 millones no se inscribirá como deuda, según los parámetros de la Ley de Disciplina Financiera. Según esa ley, para establecer el techo de endeudamiento (del cual Quintana Roo está muy cerca) se toman dos rubros: se mide cuán afectados están los ingresos propios del estado y las participaciones federales.
El endeudamiento que se solicita no se garantizará con ninguno de esos dos rubros, sino que será con las aportaciones federales, el llamado Ramo 33, mediante el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF).
Pero esa no es, realmente, una buena noticia. Recurrir a las aportaciones no es una salida ingeniosa; es un tecnicismo desesperado para estados que ya no pueden endeudarse más. Ese fondo quedará comprometido por 20 años.
Para que se entienda bien: si se aprueba este crédito, no afectará el techo financiero del estado, pero es dinero que se pide prestado, y se devuelve durante 20 años con generosos intereses. Es, en el habla cotidiana, una nueva deuda para un estado que ya debe 20 mil millones de pesos.
La corrida financiera que el propio Ejecutivo ha mostrado muestra el impacto que tendrá, y allí queda claro lo que se estableció en la primera frase de esta columna: la próxima administración empezará a pagar lo que la actual quiere gastar.
Si se observan las fotografías de abajo, se ve que la próxima administración, entre septiembre de 2022 y septiembre de 2027, pagará un promedio de 5 millones de pesos mensuales por servicio de la deuda. Serán alrededor de 300 millones en toda la administración. Y luego, los montos subirán hasta diciembre de 2040.
Tampoco ayuda a la comprensión de esta solicitud de crédito el sospechoso caos de 102 obras que presentó el Ejecutivo como potencial destino de ese dinero. Nombrar 102 obras casi al azar, es lo mismo que no nombrar ninguna. Esos 102 proyectos dispares sólo buscan aturdir al lector; dar la sensación de que el destino de los recursos es menos arbitrario de lo que realmente es.
LAS RAZONES DE CARLOS JOAQUÍN
Habría que detenerse en las razones del gobernador para dar este paso tan riesgoso. Lo obvio es que necesita recursos para hacer obras; no puede sólo dedicarse a administrar la crisis en el último año completo de su sexenio. Pero aún así el riesgo político es mayúsculo.
Pedir un crédito es mala palabra en Quintana Roo. Quizá, la confianza en que el Poder Legislativo le va a aprobar lo que quiera, llevó al gobernador a creer que sería un paso fácil. Pero más allá de lo que el Congreso diga, no hay un sólo sector en la sociedad que apoye la decisión. Las críticas en las redes sociales son feroces.
Por supuesto, el bloque oficialista del Congreso, los partidos aliados al joaquinismo, y alguna que otra cámara empresarial, lo apoyarán. Es su sector político y así debe ser. Pero incluso en ese grupo nada homogéneo, son más las dudas que las certezas.
Por ejemplo, más allá de lo que digan en público, los diputados saben que cargarán un costo político gigantesco. Y es difícil imaginarse cómo el gobernador pretende no compartir ese costo. Hay que decir las cosas con todas las letras: pedir un crédito empareja a esta gestión, en el imaginario colectivo, con las de Roberto Borge, Félix González y Joaquín Hendricks. Sólo hay que darse una vuelta por las redes sociales para verificarlo.
El que no entienda eso, está viendo otra película.
EL PUENTE Y LA OPCIÓN INFAME
¿Porqué los diputados de la 4T no deben aprobar la deuda de Carlos Joaquín? La aprobación del proyecto de la asociación Público Privada del Puente Nichupté por parte del Congreso, es otro eslabón de esta historia. Ese proyecto también compromete fondos federales y se constituye como una larga deuda.
Otra vez lo mismo: para la Ley de Disciplina Financiera, al ser una APP, no es deuda. Para la realidad simple, opera exactamente igual que una deuda, porque hay que pagar durante 30 años la construcción y para ello se compromete el 4.9% del Fondo General de Participaciones, que garantiza las deudas del estado.
Aquí también las razones del gobernador son difíciles de analizar. El Puente va a empezar a funcionar, si todo marcha a la perfección, en los primeros meses de 2023. O sea, cuando Carlos Joaquín ya no sea gobernador.
Pero en el ínterin la obra deberá enfrentar demasiados escollos; el más grande de todos, quizá insalvable, será el ambiental. Es muy posible que el proyecto nunca pueda construirse y quede tan sólo como una mancha política innecesaria, o, pero aun, como un elefante blanco.
Viendo lo que sucedió con el Puente, parecería que la deuda también tiene amplias chances de ser aprobada. Para lavarle un poco la cara a la iniciativa, el Congreso podría buscar una salida intermedia, como etiquetar las obras y distribuirlas equitativamente en los municipios.
Luego, el oficialismo deberá conseguir el voto de los dos tercios de los “diputados presentes”, lo cual permite juegos aritméticos para llegar al número mágico. El lopezobradorismo, por ejemplo, podría hacer que varios de sus diputados falten a la sesión, y así el joaquinismo tendría los votos para aprobarlo. Sería una salida infame, pero legal. ¿Alguien se sentiría sorprendido?
La realidad es que, si está en el recinto, ningún diputado del lopezobradorismo puede justificar la aprobación de ese crédito. Todas las excusas que se busquen serán insuficientes para esconder el hecho de que habrán pateado entonces los ideales y las esperanzas de la 4T en Quintana Roo.
O al menos habrán hundido, quizá para siempre, sus carreras políticas.
Por Hugo Martoccia
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