La restricción del derecho a la libre circulación, por ejemplo, debe interpretarse como una medida excepcional para frenar la evolución de la pandemia. Se trata de medidas urgentes y excepcionales amparadas en la mayoría de constituciones democráticas en estados de necesidad y alarma decretados oficialmente, que, lógicamente, deberían quedar derogadas al desaparecer las circunstancias de urgencia o necesidad. 

Sin embargo, en un mundo en peligrosa involución respecto de la democracia y los derechos humanos, la posibilidad de que las medidas restrictivas de derechos fundamentales se hagan permanentes es real. Michelle Bachelet, médica de formación y Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ha expresado reiteradamente su preocupación por la deriva antidemocrática y contraria a los derechos humanos que puede producirse si no mantenemos la guardia.

El pasado 9 de abril, coincidiendo con la primera mensualidad del confinamiento de Italia, Bachelet advirtió acerca de la utilización de la pandemia como ”un cheque en blanco para obviar las obligaciones en materia de derechos humanos″. Su preocupación reside en las peligrosas medidas que están tomando algunos países, con oscuridad informativa y asunción de ilimitados poderes por parte de los gobiernos, en algunos casos sin control ni limitación temporal. Por ejemplo, en Ecuador, donde la situación sanitaria está resultando particularmente aguda, arrecian los atentados a la libertad de expresión y el control férreo de los medios de comunicación. 

Por otra parte, el presidente de Polonia, Adrzej Duda, mantiene insólitamente las elecciones de mayo, poniendo en peligro sanitario a la población. Más grave es el caso de Filipinas, cuyo presidente Rodrigo Duterte ha mandado explícitamente a sus fuerzas de seguridad disparar a matar sobre todo aquel que se salte el confinamiento. Resulta significativo el caso de Hungría, al atribuirse, por parte del Parlamento, extraordinarios e ilimitados poderes al actual presidente ultraderechista, Viktor Orbán, sin ningún tipo de control o límite temporal, con amenazas de prisión para la prensa o la oposición disidente, lo que equivale al establecimiento de un régimen no democrático y debería conllevar su expulsión de la UE.

Lo que es aún más grave es la evidencia del fracaso de las instituciones internacionales incapaces de llegar a acuerdos vinculantes para afrontar la crisis y del  hundimiento de la solidaridad internacional, con intentos de robo de material sanitario entre países, como el de respiradores de Turquía a España, el de mascarillas de República Checa a Italia o el de material sanitario de EE.UU a Francia, así como desiguales condiciones económicas, sociales y sanitarias en los países para hacer frente a la pandemia.

Otra medida de graves consecuencias es la geolocalización de toda la población, acumulación de información exhaustiva de los ciudadanos (big data) y otras técnicas que podrían, en un futuro, generar una inquietante deriva en los derechos de privacidad, intimidad y libertad de los individuos. Son medidas que una vez establecidas, difícilmente es posible controlar que ya no se llevan a cabo. Las decisiones cada vez más restrictivas de derechos humanos iniciadas con la lucha contra el terrorismo, se aplican además contando con la aprobación de una ciudadanía pasiva a causa del temor y que ve en los que se rebelan contra las mismas a individuos insolidarios.

Las técnicas de control de la ciudadanía justificadas en aras de la Seguridad Ciudadana, crean la excusa perfecta para limitar el ejercicio de los derechos humanos en un momento en el que se requiere cierta fe ciega por parte del ciudadano. Es imaginable que incluso gobiernos democráticos pudieran sentir la tentación de extender una parte del poder de control sobre la población con objetivos justificados de políticas públicas de prevención de delitos o de mejora de la sanidad o incluso de urbanismo.

Por último, es preciso poner el acento en la potencial crisis económica a la que nos veremos enfrentados tras la crisis sanitaria en un mundo en el que las desigualdades no han hecho más que crecer y que se enfrenta además a una crisis medioambiental de dimensiones catastróficas. Un mundo en el que además se ha fomentado la individualidad y el consumismo o la infantilización de la población. Sin embargo el mundo post Covid-19 exigirá muchas voces valientes para enfrentar la defensa de nuestros derechos fundamentales y el ejercicio de una solidaridad activa y debemos asumir esa responsabilidad como seres humanos y ciudadanos sin mirar hacia otro lado.

Por Eulàlia Pascual es presidenta de la Asociación para las Naciones Unidas en España.