Documentos del despacho Trident Trust revelan que Juan Ignacio García Zalvidea, exdiputado federal y exalcalde de Cancún por el Partido Verde se convirtió en 2015 en accionista de tres empresas en las Islas Vírgenes Británicas, que en 2014 eran dueñas de cuatro embarcaciones
DINERO A PARAISOS FISCALES. Jesús Murillo Ortega es hijo del exgobernador priista de Hidalgo y exprocurador Jesús Murillo Karam. Con un millón de dólares, el empresario creó en marzo de 2014 junto con su esposa la sociedad Sweet Land Ltd en Panamá para invertir en bienes raíces, de acuerdo con los documentos filtrados. Murillo Ortega declaró que los recursos eran derivados de sus ahorros personales.
La offshore fue registrada cuando Murillo Karam estaba al frente de la Procuraduría General de la República. Durante esos años, empresas en México de los hijos y parientes de Murillo Karam ganaron más de 300 millones de dólares en contratos de obras asignadas mientras estaba al frente de la PGR, según una investigación de MCCI.
“Esta corporación (Sweet Land Ltd) en ningún momento llevó a cabo operación, actividad empresarial, comercial, de gestión, financiera o de adquisición alguna, e incluso ni siquiera aperturó una cuenta de banco e incluso fue disuelta prácticamente desde su inicio, derivado del término de mi vínculo matrimonial con mi entonces socia y pareja”, respondió Murillo Ortega a un cuestionario enviado para esta investigación.
Francisco Labastida Gómez de la Torre, hijo del exgobernador de Sinaloa Francisco Labastida Ochoa, se convirtió en el verano de 2008 en director y accionista mayoritario de Fuentes Pyasa Corp, una sociedad anónima creada en las Islas Vírgenes Británicas con el propósito de adquirir un yate, según los documentos de registro de la firma.
El yate de los Labastida es un Azimut M/Y 2006, de diseño italiano bautizado como “Pez Gordo”, según un documento firmado en 2010 por el hijo del ex candidato presidencial.
“Soy accionista de una sociedad mercantil (…) dueña de la embarcación denominada ‘Pez Gordo’ desde el año 2006 y que como parte de la inversión hecha tengo derecho a hacer uso de 5 semanas al año”, dijo Labastida en una carta.
Para Luis Pérez de Acha, abogado especialista en materia fiscal, la compra de yates o propiedades a través de entidades offshore tiene dos propósitos: ocultar la identidad del propietario y obtener ventajas tributarias. “Tener un yate con registro de bandera de otro país trae algunos beneficios fiscales y financieros, es por eso que se utiliza, básicamente por el pago de menores impuestos”, dijo.
DINERO A PARAISOS FISCALES. Los hermanos Marcelo y Carlos de los Santos, hijos del exgobernador panista de San Luis Potosí, Jesús Marcelo de los Santos Fraga, son dueños de 1,282 acciones en Global Securities Management Corp, una sociedad offshore creada en julio de 2005 en las Islas Vírgenes Británicas, en la que figuran como accionistas personalidades conocidas de la política colombiana, como la ministra de Transporte Ángela María Orozco, y el esposo y la hija de la vicepresidenta de Colombia, Martha Lucía Ramírez.
Otros socios de la firma son los hermanos y empresarios colombianos César y Gustavo Hernández Frieri, este último capturado en Italia en 2018 y condenado en Estados Unidos por lavado de dinero y malversación de 600 millones de dólares de la petrolera estatal venezolana PDVSA entre 2014 y 2018. De profesión contadores y empresarios, los hijos del exmandatario panista no respondieron las solicitudes de entrevista enviadas por esta organización.
Entre los familiares de políticos que aparecen en los Pandora Papers están la esposa del actual gobernador del Estado de México, Fernanda Castillo Cuevas, y Paulina Díaz Ordaz, nieta del expresidente Gustavo Díaz Ordaz y esposa del político del Partido Verde Jesús Sesma Suárez.
DINERO A PARAISOS FISCALES. Documentos del despacho Trident Trust revelan que Juan Ignacio García Zalvidea, exdiputado federal y exalcalde de Cancún por el Partido Verde se convirtió en 2015 en accionista de tres empresas en las Islas Vírgenes Británicas, que en 2014 eran dueñas de cuatro embarcaciones. Las tres sociedades fueron creadas años atrás por su hermano Fernando García Zalvidea, un conocido empresario hotelero que tras su muerte, en noviembre de 2013, heredó parte de su fortuna a sus hermanos.
En 2005 Juan Ignacio García Zalvidea, quien no estuvo disponible para una entrevista, fue detenido bajo cargos de negligencia y peculado en perjuicio del ayuntamiento de Benito Juárez. Ese mismo año el Congreso de Quintana Roo lo inhabilitó por un periodo de 20 años por el manejo indebido de fondos y recursos del estado durante su gestión como alcalde, y un año después fue puesto en libertad después de pagar una fianza.
En los Pandora Papers también aparecen el secretario de gobierno de Coahuila, el jefe de la oficina del gobernador Cuahtémoc Blanco, el hermano de un exgobernador de Yucatán y el exgobernador priista de Coahuila, Enrique Martínez y Martínez.
En 2016 la investigación de los Panama Papers puso al descubierto las finanzas secretas de 311 mexicanos, una cifra 10 veces menor que la documentada hoy en los Pandora Papers. Hace cinco años, la investigación de paraísos fiscales cimbró al mundo, provocando la caída de primeros ministros y la creación de nuevas leyes en docenas de países.
En México poco cambió y desde entonces las autoridades hacendarias han fallado en vigilar las obligaciones fiscales de todos aquellos que se benefician del sistema offshore para sacar el dinero del país, que cada año pierde más de 9 mil millones de dólares en impuestos por el abuso de jurisdicciones offshore, según la organización europea Tax Justice Project.
En el papel, los contribuyentes mexicanos deben declarar los ingresos y utilidades obtenidas en los paraísos fiscales, pero el SAT no tiene un registro de las empresas, fideicomisos o fundaciones offshore en las que participan los mexicanos ni conoce el monto de sus ingresos o de los impuestos pagados.
La vigilancia de las entidades pantalla es importante por tratarse de empresas creadas para esconder el patrimonio real de sus clientes y porque, según reveló la investigación internacional de ICIJ, están a menudo asociadas con delitos de evasión y defraudación fiscal, lavado de dinero, corrupción corporativa y política.
Mientras el gobierno hace poco, al paso de los años se conoce que más mexicanos y actores de poder se benefician de la industria offshore en un país con una desigualdad creciente.
“Los daños son amplios y profundos, pero obviamente las personas más perjudicadas son las más vulnerables que dependen de un Estado funcional y de un gobierno que ofrezca al menos una protección mínima”, dice Chuck Collins, director del programa de desigualdad en Institute for Policy Studies. “Esto no solo provoca que el Estado no tenga dinero, sino que es una especie de corrupción de todo el sistema que se produce cuando los poderosos optan por no participar”.
