Corporación de Aceptación Mundial (WAC, por sus siglas en inglés), compañía de préstamos de Carolina del Sur, acordó pagar 21.7 millones de dólares para resarcir las violaciones a la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero que realizó su subsidiaria en México de 2010 a 2017.

WAC México repartió los sobornos a funcionarios y dirigentes sindicales de distintas maneras. Con depósitos a cuentas bancarias vinculadas a ellos y vía un intermediario que distribuyó grandes bolsas de efectivo.

A través de una falta de controles contables internos adecuados y una cultura que socavó sus funciones de auditoría interna y cumplimiento, WAC creó el ambiente perfecto para que ocurrieran actividades ilícitas durante casi una década, dijo Charles E. Cain, jefe de la División de Cumplimiento de la SEC.

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El abismo entre la regulación de Estados Unidos y México sobresale. En aquel país la SEC pidió 17 mil 826 millones de dólares para restitución de los daños, 1.9 millones en intereses previos al juicio y una multa de 2 millones por las sobornos repartidas por WAC México, sociedad financiera de objeto múltiple regiomontana que opera desde hace 20 años en México.

En México, la única multa de 12 mil 951 pesos impuesta por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores durante 2014 es por una falta de auditoría y seis años después no se ha saldado. En la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros suma 483 mil 136 pesos más derivado de cinco sanciones.

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WAF México reconoce tener operaciones por medio de dos financieras. Préstamos Viva, que en 2010 inició el negocio en Coahuila hasta llegar a 35 sucursales en todo el país. La empresa dedicada a préstamos de nómina al magisterio, trabajadores de la salud y funcionarios públicos ya no está activa, pero mantiene el servicio de cobranza. Así lo expuso una de las personas que atiende la empresa. Préstamos Avance sigue operando, pero sólo da créditos personales. Ambas plataformas fuera de la Asociación Mexicana de Entidades Financieras Especializadas.

Las investigaciones vinculadas a los préstamos de nómina en empleados de gobierno no es nueva. En la administración de Vicente Fox aparecieron los primeros contratos entre la dirigencia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y empresas financieras no reguladas que endeudaron a profesores con préstamos garantizados vía nómina.

En 2013 se dio a conocer que al amparo del sindicato liderado por Elba Esther Gordillo, la Secretaría de Educación Pública actuó como cobradora de empresas financieras privadas no bancarias que otorgaron préstamos garantizados vía nómina a trabajadores públicos. Más tarde, parte de la deuda fue atraída por Bansefi.

Por Dora Villanueva. La Jornada

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