En un reporte de fines del 2017, la estatal secretaria de Finanzas informó que unos cien hoteles, en especial los de cadenas estadounidenses e hispanas, no tributan en el Estado pues facturan en el exterior.

Con la actividad turística de Cancún saliendo apenas de la modorra, con signos alentadores pero todavía con el letargo de los meses de hoteles cerrados; en este impase conviene meditar en torno al futuro de esta industria no sólo en el Estado, sino en todo el país. Es este un sector que, incluidos los servicios afines, el año pasado nos dejó una derrama de más de 43 mil millones de dólares.

No obstante, esta derrama, como dijera el senador José Luis Pech Várguez, no ha significado una mejoría para las decenas de miles de empleados turísticos, pues no tan sólo los sueldos son muy bajos, sino además a gran parte se les paga mediante compañías outsourcing, por lo que carecen de seguridad social. Esta es una práctica que ha extendido en los dos últimos años.

Dejando de lado por ahora la depredación ambiental de algunos empresarios cobijados por el poder oficial, este es el momento ideal para desandar la ruta también en otros renglones, aparte de los ya dichos. Convendría obligar a las empresas ubicadas en Quintana Roo a tener en el Estado su domicilio fiscal y no en la Ciudad de México o en otros lugares.

En un reporte de fines del 2017, la estatal secretaria de Finanzas informó que unos cien hoteles, en especial los de cadenas estadounidenses e hispanas, no tributan en el Estado pues facturan en el exterior. Se ignoran los montos pagados fuera de aquí, pero el fenómeno generó una paradoja: aunque hay más hoteles en Cancún, en proporción la recaudación fiscal es menor.

Por si fuera poco, según acotara el senador Pech, esta situación fiscal, que no se puede calificar de “evasión” aunque para la tesorería estatal venga a ser lo mismo, resta los ingresos federales hacia Quintana Roo pues mengua el monto real de la derrama que el Estado deja al país, es decir al PIB nacional. Sobra decir que esto, a su vez, se refleja en las obras y los servicios públicos.

El letargo en que se halla la actividad en el Estado y por extensión en el país, como se dijo, da la oportunidad de analizar la operación de una industria que, aunque sin chimeneas, tiene desagües. La “nueva normalidad” a la que entramos, debe ser integral y tender al equilibrio y un acto de justicia sería garantizar que los empresarios que aquí ganan, paguen aquí sus impuestos.

Por Nicolás Durán de la Sierra

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